Herències i no residents: com havien de tributar?

inheritance tax 2

Si sabéis de alguna herencia donde el causante o alguno de los herederos residía en el extranjero tenéis que pensar que quizás los herederos han pagado por esta herencia más de lo que correspondía y que quizás habría que pedir la devolución del impuesto pagado de más. Todo esto a cuento de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidad Europeas de 3 de septiembre de 2014 donde concluye que la normativa española del impuesto de sucesiones y donaciones es contrario a la normativa europea.

La actual regulación del impuesto de sucesiones y donaciones no permite la aplicación de la normativa de las comunidades autónomas cuando el causante o el heredero reside en el extranjero, debiendo aplicar la normativa estatal. Las consecuencia de todo ello era que las reducciones y bonificaciones de las comunidades autónomas no se podían aplicar y como la normativa estatal no tiene unas reducciones tan importantes, se acababa pagando muchos más impuestos de los que tocaban.

Lo que hace esta sentencia del tribunal es considerar simplemente que esta regulación es contraria al ordenamiento comunitario porque restringe de alguna manera la libertad de establecimiento sin que haya ningún motivo que justifique un trato diferente cuando, por una razón o por otra, el causante o el heredero no son residentes en España. Es decir, por qué la regulación del impuesto tiene un tratamiento diferente cuando el heredero vive en Francia respecto del heredero que vive en Barcelona. O cuando el causante vivía en Francia, respecto del causante que vivía en Barcelona.

Qué consecuencias tiene esta sentencia? En primer lugar, que los impuestos de sucesiones que todavía no se han pagado se puedan calcular aplicando la normativa de la comunidad autónoma que corresponda y, por lo tanto, aplicando las reducciones y bonificaciones correspondientes. En segundo lugar, que se pueda solicitar la devolución de los ingresos indebidos de los impuestos satisfechos correspondientes a herencias no prescritas (de los últimos cuatro años). Y, en tercer lugar, que se pueda solicitar la reclamación de la responsabilidad patrimonial del estado en todos aquellos supuestos donde el impuesto de sucesiones ya haya prescrito. Alerta porque sólo hay un año desde la fecha de la sentencia para hacer esta solicitud.

En este sentido, hay que tener en cuenta dos cosas: la primera es que hay una propuesta en el Parlamento español para modificar la ley del impuesto de sucesiones con la intención de adecuar la normativa al ordenamiento comunitario, estableciendo los correspondientes puntos de conexión por la determinación de la normativa autonómica aplicable en cada caso.

Y la segunda -por otro lado muy grave e inadmisible- es la limitación de la responsabilidad patrimonial del estado a los periodos no prescritos en el caso de normativa tributaria declarada inconstitucional, ilegal o no conforme al derecho de la Unión Europea que se pretende introducir en la nueva modificación de la ley general tributaria. Esto obliga a presentar la correspondiente reclamación de la responsabilidad patrimoniales del estado antes de la entrada en vigor de la modificación de la Ley General Tributaria.

Ahora quedará sólo un paso: aprovechar los argumentos de esta sentencia para arreglar el monumental lío del impuesto cuando los causantes o herederos son residentes en diferentes comunidades autónomas.